Los países donde el Estado permitió que agentes civiles se arrogaran la facultad de intervenir para supuestamente poner orden en medio de alguna conflictividad social terminaron pagando un elevadísimo precio.
Ya fueran las tenebrosas AAA durante la dictadura criminal argentina, o las llamadas autodefensas colombianas, para solo citar dos casos terriblemente criminosos, el resultado de dejar campo libre a sus tropelías y matonismo, resultó en una salida de control con resultados realmente alarmantes.
Sin embargo, es oportuno establecer ciertas diferenciaciones entre la AAA argentina—brazo criminal apéndice de la dictadura—y las autodefensas colombianas que en un principio estaban desconectadas del Gobierno, pero luego este se auxilió en forma de grupos paramilitares al servicio del crimen estatal.
Estos ejemplos y varios más que pudiéramos reflejar—sin que necesariamente haya que establecer una analogía concreta—son experiencia más que elocuente para llamar la atención del Gobierno dominicano acerca de la pendiente por la que pretende deslizarse la llamada "Antigua Orden Dominicana".
A ese grupo hay que someterlo tempranamente al imperio de la ley, y recordar a sus dirigentes cuál es el límite que tienen como organización civil sin capacidad para intervenir en el ámbito de la autoridad legal.
Nuestro llamado de atención no significa que acusemos a la entidad de asumir un comportamiento delictivo, pero desde el momento en que pretende impedir el desarrollo de actividades similares a las suyas—con los mismos fines o con propósitos distintos—se sitúa en la condición de paraestatal, un paso previo a la siguiente de paramilitar, generando un estado de confusión frente a terceros que no sabrían si un grupo civil sin facultades legales le puede salir al frente al ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos, entre los cuales está la manifestación con fines pacíficos.
Aquí no podemos andarnos por las ramas ni dorando la píldora solo por el hecho de que la entidad en cuestión se haya empoderado al asumir una causa que es nacional y, por consiguiente, concerniente a todos los dominicanos.
La amenaza lanzada el pasado fin de semana por dirigentes del grupo, en el sentido de no permitir la celebración de una manifestación supuestamente prohaitiana, definió un perfil ominoso de una entidad particular que pretende sustituir al Estado.
Si bien las autoridades han puesto las cosas claras en el sentido de que ninguna persona ni entidad particular puede suplantar las prerrogativas del Estado, el nivel de envalentonamiento que han alcanzado ciertos individuos encumbrados por los medios de comunicación, pudiera eventualmente hacer retroceder a quienes están investidos de las facultades constitucionales y legales para que, en el cumplimiento del deber, adopten las medidas que las normativas establecen en materia de ejercicio de derechos.
Supongo que sobrarán quienes traten de ubicar a uno en tal o cual corriente, lo cual nos importa un comino, pues debemos hacer esta advertencia para luego no resulte tarde.
De pretensiones como las de esta organización a la confrontación y al caos hay un paso.
