En la República Dominicana, el turismo ha sido durante décadas uno de los pilares fundamentales de la economía. Sin embargo, la forma en que se ha gestionado su crecimiento plantea una interrogante cada vez más urgente: ¿a quién beneficia realmente el desarrollo turístico impulsado por el Ministerio de Turismo de la República Dominicana?

Basta con observar el mapa de inversiones para identificar un patrón claro. Zonas como Punta Cana, Las Terrenas, Puerto Plata y, más recientemente, Pedernales, han recibido cuantiosos recursos, en muchos casos orientados a proyectos turísticos de capital extranjero. Sin duda, estas inversiones han dinamizado ciertos indicadores macroeconómicos y han colocado al país en el radar internacional. Sería injusto no ponderar los esfuerzos realizados por el Ministerio para atraer turistas al país, posicionando la marca nacional en mercados internacionales y fortaleciendo la llegada de visitantes.

No obstante, la pregunta de fondo persiste: ¿se traduce este impulso en bienestar real para las comunidades locales?

Diversas denuncias apuntan a una realidad incómoda: salarios bajos, empleos precarios y escasa movilidad social para quienes habitan en estas zonas. El turismo, en lugar de ser una vía de desarrollo inclusivo, parece convertirse en un modelo extractivo donde las ganancias se concentran y los beneficios se diluyen antes de llegar a la base social.

Mientras tanto, otras comunidades con potencial turístico permanecen relegadas al olvido institucional. Espacios como el balneario Las Barías, en La Descubierta, o todo el entorno del Lago Enriquillo, así como zonas de gran belleza natural como El Limón en Samaná, evidencian la falta de una política de desarrollo equitativa. Con intervenciones relativamente modestas —infraestructura básica, promoción, seguridad y capacitación comunitaria— estos destinos podrían convertirse en motores económicos para poblaciones históricamente marginadas.

La percepción que se afianza es preocupante: el Ministerio parece responder más a intereses oligárquicos que a una visión de desarrollo nacional inclusivo. Se priorizan grandes complejos turísticos mientras se ignoran iniciativas comunitarias que podrían distribuir mejor la riqueza generada por el turismo. Por ello, así como corresponde reconocer los avances en la captación de turistas, también es necesario exigir con firmeza que se destinen esfuerzos y recursos al remozamiento y desarrollo de otros destinos turísticos, en beneficio directo de las comunidades que por años han sido olvidadas.

A esto se suma un elemento clave que no puede seguir siendo postergado: la formación del capital humano. El Ministerio debe coordinar de manera efectiva con otras instituciones educativas y técnicas para capacitar al personal que labora —y que laborará— en las instalaciones hoteleras existentes y en las que están en fase de planificación. Sin una fuerza laboral debidamente preparada, el país corre el riesgo de seguir ofreciendo empleos de baja calidad y limitar las oportunidades de crecimiento para su propia gente.

Sin embargo, el camino hacia un turismo más justo no es una utopía. Apostar por el desarrollo de destinos emergentes, involucrar a las comunidades en la gestión turística, garantizar condiciones laborales dignas y fortalecer la capacitación técnica no solo es una cuestión de justicia social, sino también de sostenibilidad. Un turismo diversificado y equitativo enriquecería la oferta del país y permitiría que tanto visitantes extranjeros como dominicanos con mayor poder adquisitivo disfruten de una experiencia más auténtica y responsable.

El desafío está planteado. La pregunta es si habrá voluntad política para transformar el modelo o si se seguirá profundizando una brecha que contradice la esencia misma del desarrollo.