Santo Domingo.- El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison, reclama diez millones de pesos por concepto de daños y perjuicios personales contra la empresa Dekolor S.R.L., encabezada por su presidente Rogelio Oruña, en la que también involucra directamente al empresario José “Jochy” Gómez Canaán como presunto beneficiario o ente intimidatorio en una supuesta red de chantaje.

Según la querella, la acción legal tiene como finalidad resarcir los efectos causados por los hechos que se les imputan a los querellados y que habrían afectado no solo a la institución, sino también a su integridad como funcionario.

En el documento Morrison dejó establecido que el monto reclamado será donado a la Fundación Cruz Jiminián, como una expresión de responsabilidad social y solidaridad con los sectores más vulnerables.

En laa demanda,  Rogelio Oruña, Sandra Oruña y la empresa Dekolor, están siendo acusados por delitos de soborno, lavado de activos, asociación de malhechores, estafa al Estado y delitos informáticos, sustentados en violaciones a varias leyes dominicanas, incluyendo la Ley 448-06 sobre Soborno y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.

El documento también establece que, en caso de que durante la fase investigativa se comprueben nuevos daños de carácter material o patrimonial, Morrison se reserva el derecho de modificar el monto reclamado, conforme a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal.

Le pidió que se asociara

Según la querella, Oruña intentó influir de manera irregular en el proceso de licitación pública para la selección de un nuevo proveedor del servicio de emisión de licencias de conducir.

El documento expresa que en mayo de 2025, con el proceso licitatorio ya avanzado, Oruña se presentó en la sede del INTRANT, en un estado visiblemente alterado y desesperado.

Y durante un breve intercambio con Morrison, propuso una asociación directa.

“Asóciate con nosotros, cambia los términos de referencia de la licitación”, habría dicho Oruña, asegurando además: “esa licitación no nos la gana nadie”.

Según el documento, el empresario ofreció un millón de dólares en efectivo como pago inicial, y tres millones de pesos dominicanos mensuales  a cambio de que el director del INTRANT interviniera en favor de Dekolor en el proceso licitatorio.

Además entregó cajas de vino y sobres con montos significativos de dinero durante el mes de diciembre.

Asimismo, entregó RD$200,000.00 al Director Administrativo Financiero, César Nicolás Bobadilla Peralta, y RD$150,000.00 al Encargado Financiero, Rolando Moronta Santos, mediante intermediarios vinculados a la empresa.

El documento dice que ambos funcionarios, al recibir los fondos, lo comunicaron de inmediato a Morrison, quien interpretó la acción como un intento de influir en áreas clave de la gestión financiera institucional.

Morrison ordenó la devolución inmediata e íntegra de todos los obsequios, incluyendo el dinero en efectivo, los cuales fueron formalmente entregados a Sandra Oruña, Gerente General de Dekolor.

Según el documento, la señora Oruña restó importancia al acto y respondió que “eso no era pecaminoso”.

Desvío de más de RD$730 millones

En la demanda también se imputa a PagoRD Xchange, S.R.L. de operar un esquema de desvío de fondos públicos por más de RD$730 millones.

Según el documento, PagoRD era la entidad responsable de procesar los pagos de los usuarios mediante verifones. Sin embargo, habría mantenido una vinculación operativa y comercial estrecha con Dekolor, pese a que formalmente eran empresas distintas con funciones complementarias y contratos independientes.

Según la querella, aunque ambas compañías tenían contratos separados, la investigación reveló que Dekolor y PagoRD estaban estrechamente vinculadas comercial y operativamente, actuando en conjunto como un solo canal de cobro.

“Si bien inicialmente se trataba de dos empresas distintas, en términos formales, con funciones complementarias y contratos independientes, más adelante se evidenció que Dekolor y PagoRD Xchange, S.R.L. estaban estrechamente vinculadas en lo operativo y comercial. El modelo establecido contemplaba que PagoRD debía retener un 10% del valor de cada transacción”, detalla la querella.

El documento indica que el modelo original establecía que PagoRD recibiría un 10% por procesamiento de cada transacción, mientras que el 90% restante iría al Estado. Sin embargo, el INTRANT descubrió que se había alterado el flujo de ingresos, y que en la práctica el Estado estaba recibiendo solo el 10%, y las empresas privadas retuvieron el 90%, generando una pérdida de más de RD$730 millones.

Morrison decidió no prorrogar el contrato con Dekolor, que vencía en enero de 2025, ante la gravedad de los hallazgos. Para ello, solicitó asistencia técnica al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), con el fin de establecer términos de referencia claros, transparentes y legales.

El objetivo es contratar un nuevo proveedor bajo condiciones de libre competencia, eficiencia y trazabilidad, descartando totalmente cualquier extensión contractual directa con las empresas investigadas.