Juan Bolívar Díaz
Un nuevo informe vuelve a dejar el país en los últimos escalones en las mediciones internacionales, esta vez en la presión fiscal. En efecto un estudio sobre estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 1990-2013, presentado esta semana en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), indica que República Dominicana ocupa el penúltimo lugar en contribuciones fiscales, en relación al producto bruto interno (PBI).
Con una presión fiscal del 14 por ciento, sólo Guatemala queda por debajo, con un 13 por ciento, ambos muy lejos del 21.3 por ciento que promedia la región, en la que países como Brasil y Argentina llegan a registrar tasas de 35.7 y 31.2 por ciento de su PBI, lo que se corresponde con las proporciones de las naciones desarrolladas.
El estudio viene a confirmar las persistentes quejas de funcionarios dominicanos del área económica, los cuales casi nunca hurgan en las raíces para determinar las causas de esa baja contribución: un sistema tributario inequitativo, excesivamente dependiente de los gravámenes indirectos, altísima deficiencia de los servicios públicos fundamentales, lo que se relaciona con mala calidad del gasto, así como prevalencia de un fuerte dispendio y corrupción que desincentivan la contribución y fomentan la evasión.
Hay que verificar lo que tiene que gastar una familia promedio de clase media para proporcionar a sus hijos una educación de calidad mínima y unos servicios de salud que no proporciona el Estado, para garantizarse energía eléctrica y agua potable que hace un siglo ya eran expresión de la modernidad, y para el transporte de toda la familia. Si se calcula lo que representa el gasto en estos cinco renglones y se suma a las contribuciones fiscales, seguramente que se duplicaría nuestra presión fiscal y tal vez alcance el nivel de los países desarrollados.
La mayoría de los dominicanos entiende que ya no puede pagar más impuestos, especialmente los que dependen de salarios que según el ministro de Economía tienen ahora mismo un poder de compra menor al 2003, es decir a 12 años atrás. Son tan bajos que nueve de cada diez salarios están exentos del impuesto sobre la renta, y la inmensa mayoría de los trabajadores informales, que a su vez integran el 57 por ciento del empleo, no contribuyen directamente de sus ingresos.
El dispendio y la corrupción, con la rampante impunidad imperante en el país y la mala calidad del gasto y la inversión, relacionado excesivamente con un descarado clientelismo político, desincentivan la contribución fiscal y promueven la evasión.
Estamos ante un círculo vicioso, pues resulta obvio que el Estado requiere mayores contribuciones fiscales para invertir mucho más en los servicios fundamentales y para mejorar los míseros salarios de la mayoría de los servidores públicos. Pero para cultivar un clima que lo haga propicio tiene que comenzarse por una disminución drástica y sanción de la corrupción, del nepotismo y del clientelismo, por una reducción de las campañas electorales y control y transparencia de los ingresos y gastos de los partidos.
De esa forma se irá creando el clima necesario para impulsar una reforma tributaria que promueva la equidad y una mejor distribución del ingreso nacional, con mayores gravámenes sobre la propiedad y los ingresos de los segmentos más altos de la sociedad, extendiendo la contribución a sectores profesionales independientes situados en las capas más elevadas de las clases medias.
Para esas transformaciones y un salto al desarrollo se requiere verdadera voluntad política, una firme decisión de sanear esta sociedad, con austeridad y honradez en el manejo de la cosa pública, reivindicando la dimensión ética y social de la actividad política que no puede seguir siendo el concurso de voracidad, rapacidad y pragmatismo oportunista sin límites en que la hemos convertido. (Hoydigital)
