Abogados de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) (Foto: Diario Libre)

Santo Domingo.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) aplazó para el próximo miércoles 13, a las 2:00 de la tarde, el conocimiento de la acción de amparo preventivo de extrema urgencia interpuesto por tres organizaciones en contra de la anunciada decisión de la Dirección General de Aduanas (DGA) de cobrar impuestos a las compras por internet por debajo de los 200 dólares a partir del día 15 del corriente mes.

La información la suministró Trajano Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), una de las entidades que interpusieron el recurso, junto a la Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios, (ASODECU) y la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico

Los jueces Federico Fernández, presidente del TSA, y los jueces Mildred Fernández y Rafael Ciprián, miembros, aplazaron el conocimiento de amparo luego de acoger un pedimento de Justicia y Transparencia de posponerla a los fines de citar y poner en causa como intervinientes forzosos a la Defensoría del Pueblo y al Instituto Nacional de Protección del Consumidor (Pro-Consumidor), para que asuman su rol constitucional de protectores de los derechos fundamentales de los usuarios y consumidores.

Una comunicación de prensa de la dice, también, que el Ministerio Público coincidió con Aduanas en el sentido de aplazar el conocimiento de la referida audiencia para recibir y tomar conocimiento de la demanda en intervención forzosa relativo a las directoras de Proconsumidor, Altagracia Paulino, y la defensora del Pueblo, Zoila Martínez de Medina.

Potentini informó que el Ministerio Público, "como representante de la sociedad" en la persona de la procuradora adjunta Eveling Escalante, hizo causa común con el abogado privado Gregorio García, representante de Aduanas, defendiendo el impuesto a las compras por internet y contrariando el pedimento de medida cautelar hecho por la FJT para la suspensión provisional de las pretensiones de Aduanas..

La FJT reiteró que llevará el caso hasta las últimas consecuencias, sometiendo al Gobierno al imperio de la ley, y que procurará para casos como el ocurrente, las vías constitucionales, como lo sería un decreto derogando el 402-05, o lo más correcto una ley del Congreso Nacional estableciendo los impuestos de rigor si a ello diere lugar, nunca la decisión unilateral de un Ministro o de un Director General, lo cual constituiría un precedente peligroso para la institucionalidad.

Las entidades accionantes en amparo estuvieron representadas por los juristas Trajano Potentini, Heriberto Rivas y Danyeliz Vilorio a nombre de la FJT, y Felipe Herrera y Domingo Rojas, de ASODECU. (Diario Libre)