Santo Domingo. – El pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó este viernes la condena de cinco años de prisión contra la exdiputada por La Vega, Rosa Amalia Pilarte, hallada culpable de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en una decisión de jurisdicción privilegiada.

La sentencia, firmada por el presidente de la Suprema, Henry Molina, y los demás jueces integrantes, confirmó además la multa de 200 salarios mínimos del sector público e impuso el pago de las costas procesales. La exlegisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago.

Discrepancia financiera como base de la condena

El tribunal determinó que Pilarte movilizó en sus cuentas más de RD$4,400 millones entre 2003 y 2021, a pesar de haber declarado ingresos por apenas RD$16 millones en ese mismo período. La sentencia señala que la defensa no pudo refutar las pruebas sobre la procedencia ilícita de los fondos.

Asimismo, se demostró que la acusada transfirió múltiples inmuebles a la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupú, S.R.L., utilizando un patrón de colocación, estratificación e integración característico de operaciones de lavado de activos.

Bienes decomisados

Como parte de la decisión, la Suprema Corte ordenó el decomiso a favor del Estado dominicano de varios inmuebles en La Vega, entre ellos:

• Un terreno de 728.11 metros cuadrados
• Otro de 811.45 metros cuadrados
• Otro de 682.50 metros cuadrados
• Un inmueble de 1,492.42 metros cuadrados
• Una parcela #11 de 28,273 metros cuadrados
• Un local comercial de 35.75 metros cuadrados
• Un inmueble identificado como comunidad funcional B1, de 46.86 metros cuadrados, entre otros.

Rechazo al recurso de casación

La Suprema rechazó en su totalidad el recurso de casación interpuesto por la defensa, confirmando la sentencia emitida previamente por la Segunda Sala Penal de la SCJ. La Procuraduría General había solicitado que se ratificara la condena, mientras que los abogados de Pilarte pedían la nulidad.

Cabe destacar que, bajo la nueva Ley de Casación, estas decisiones se publican oficialmente y no se leen en audiencia como antes ocurría.

Aunque el Ministerio Público había solicitado una condena de 10 años de prisión, el pleno de la Suprema confirmó la pena de cinco años y la multa impuesta previamente.