Mariano Germán

Santo Domingo.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, pide que la propuesta presupuestaria del Poder Judicial sea hecha con plena sujeción a la proporción acordada por la Ley 194-04, que contempla una partida del 2.66% del Presupuesto General del Estado para el Poder Judicial.

El Consejo de Ministros anunció, al término de una reunión efectuada el miércoles 28 de los corrientes, la aprobación del proyecto de Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2017, por un monto de RD$711,399.37 millones.

Según las cifras oficiales dadas a conocer por ante la Opinión Pública, ese instrumento de desarrollo tiene una escala de RD$47,841 millones por encima del que está vigente en este 2016, cuyo monto es de RD$663,558 millones.

El Poder Judicial sometió una asignación de RD$14,329 millones para el año 2017, con el propósito de conjurar las dificultades que acarrea, como producto de la falta de recursos que impiden el cumplimiento de una serie de metas con miras al fortalecimiento del acceso a la justicia.

Entre esos propósitos está la apertura de 98 tribunales creados por ley que no están en funcionamiento por falta de recursos, la gestión de locales propios para 133 juzgados de Paz que operan en estructuras alquiladas, algunos en casas de madera y con letrina y hasta en furgones, como el Distrito Judicial de Santo Domingo.

A esta situación le agregamos la de jueces y servidores judiciales, que requieren una mejoría en sus condiciones de trabajo y en su espacio de desenvolvimiento cotidiano.

Nos ha llamado poderosamente la atención el anuncio de que para Poder Judicial sólo se contempla en su partida presupuestaria del 2017, RD$800 millones adicionales al Presupuesto vigente del 2016.

Es decir, que a los RD$5,606 millones que están en proceso de ejecución este año 2016, sólo se le agregaría la ínfima cantidad de RD$800 millones para el 2017.

La Ley 194-04, del 28 de julio del 204 contempla una partida del 2.66% de los ingresos internos, incluyendo los adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto General del Estado para el Poder Judicial.

Con la divulgación de la partida aprobada para el 2017, llegarían a 12 los años en los cuales no se observan las disposiciones establecidas en la Ley 194-04, que otorga autonomía funcional, administrativa y presupuestaria al Poder Judicial.

Aspiramos a no perder la fe en la sensatez, cordura y buen juicio de los demás poderes públicos al momento de la aprobación del Presupuesto General del Estado.

Aguardamos que la propuesta presupuestaria del Poder Judicial sea hecha con plena sujeción a la proporción acordada por la Ley 194-04.

Mantendremos nuestra firme determinación en la lucha para poner término a la inobservancia que se registra cada año, a la hora de reclamar lo que le corresponde al Poder Judicial en materia presupuestaria. (Diario Libre)