La necesidad de que el presidente Danilo Medina le hable periódicamente al país ha sido un clamor reiterativo de los distintos sectores de la sociedad dominicana desde el principio mismo de su administración en agosto de 2012.

Pero el presidente Medina ha hecho del silencio una costumbre a la que los gobernados han tenido que acostumbrarse, pues resulta difícil que vaya a cambiar, ya que al jefe del Estado se le pude aplicar, perfectamente, el viejo adagio conforme al cual “genio y figura, hasta la sepultura”.

El gobernante ha entendido que no tiene porqué comunicarse con los ciudadanos periódicamente y sólo cumple con el requisito constitucional de presentar las memorias del Gobierno cada año, lo cual hace el 27 de febrero ante la reunión conjunta de las Cámaras Legislativas.

Y en las muy contadas oportunidades en que la prensa puede abordarle se despacha con monosílabos.

Sin embargo, el presidente de la República tiene que saber que si bien él quiere manejarse con un estilo diferente a los demás gobernantes, mantenerse conectado con los gobernados es un deber que no puede eludir amparado en que “el estilo es el hombre”.

La situación del país impone que el mandatario le hable cuanto antes, no solamente para que diga lo que piensa del cumplimiento de la Constitución de la República, sino de otros temas que quiérase o no, están gravitando de forma negativa en el desenvolvimiento normal de la vida nacional.

Por ejemplo, nadie sabe lo que piensa el presidente Medina sobre el cerco policiaco-militar tenido al Congreso Nacional, una acción que hacia el exterior está mandando un pésimo mensaje que pone en tela de duda la estabilidad política del país, lo cual, a mi juicio, es más perjudicial que la campaña contra el turismo producto de las muertes de extranjeros en hoteles de nuestra nación.

En algunos reportajes de televisión se ha comparado la presencia de militares y policías en torno al Congreso con las acciones dictatoriales adoptadas en la década del 90 por el entonces presidente peruano Alberto Fujimori, con ocasión de disponer la disolución del Parlamento.

Es necesario que el jefe del Estado aborde ese tema, en razón de que la colectividad nacional no cree que los comandantes militares y policiales se arrogaran la facultad de disponer ese cerco solo atendiendo a solicitudes de los presidentes de ambas cámaras.

Lo que cree la generalidad de los ciudadanos es que una acción tan comprometedora políticamente hablando sólo pudo tomarse con la autorización del presidente de la República, suposición que de ninguna manera deja bien parado al mandatario, o por lo menos se le entrecomilla su condición de demócrata. Y eso es fatal.