Costaba ori­ginalmen­te US$1,900 millones. Ter­minó costan­do US$3,000 millones y todavía falta dinero para completar la inversión.

Fue construida por la empresa mas corrup­ta del mundo, llamada Odebrecht, que pagó so­bornos a funcionarios del gobierno de Danilo Medi­na por unos US$195 mi­llones o su equivalente en pesos dominicanos de RD$9,790 millones a la tasa de ese periodo.

A todo eso, Odebrecht demanda al gobierno por incumplimiento de con­trato y gana el juicio lo que representó cerca de US$490 millones adicio­nales que debemos pagar por compensación. Repú­blica Dominicana es úni­co país de América Latina donde fueron descubierto fraudes y sobornos simi­lares al de Punta Catalina que no ha encarcelado a nadie.

Peor aún, el presidente del partido del gobierno y el candidato presiden­cial, fueron mencionados como receptores o benefi­ciarios de esos sobornos, aunque no están inclui­dos entre los 6 imputados, en un juicio que lleva tres años, y que de la Suprema se reenvío de nuevo a pri­mera instancia.

La misma empresa, o sea Odebrecht, construyó otras grandes obras, algu­nas con valor superior a los US$400 millones, co­mo la carretera del Coral y el corredor Duarte, don­de igualmente se repartie­ron millones dólares en comisiones y sobornos sin haber ningún funcionario imputado por esos hechos delictivos.

El terreno donde se construyó Punta Catali­na fue arrendado por 20 años a la familia Vicini lo que es un verdadero es­cándalo cuando se trata de una planta que costo el 7% de la deuda del sec­tor público no financiero. Eso solo pude verse en un país que encabeza el ran­king de la corrupción a ni­vel mundial.

La unidad II de la plan­ta, con menos de un año en operación, acaba de ser cerrada por un fue­go causado por una sim­ple junta de goma que se rompió. Estará apagada varios días para su repa­ración.

Para colmo de los col­mos ya la planta está emi­tiendo desechos tóxicos en cantidades industria­les que afecta toda la zona circundante y contamina extensas áreas a kilóme­tros de distancia.

Si hoy se vendiera el 50% de las acciones de Punta Catalina el país recuperaría apenas el 40% de su valor, o sea, unos US$1,200 millones con una perdida neta de US$600 millones respecto a su costo actual.

Definitivamente, es­ta obra es la punta de ice­berg de la corrupción gu­bernamental y algún día se hará justicia por ese gran fraude.