SANTO DOMINGO.- Un total de 8,200, 000.00 fue el aporte realizado por el doctor Santiago Hazim a la campaña presidencial de Luis Abinader del año 2020.
Hazim, exdirecrtor del Seguro Nacional de Salud (SeNasa) y quien guarda prisión junto a otras nueves personas acusadas de desfalcar esa institución con más de 15 mil millones de pesos, realizó dicho aporte a través del movimiento que presidió, Ola.
La cifra está consignada en el informe financiero entregado a la Junta Central Electoral (JCE) por parte de la Dirección de Finanzas y Gestión de Recursos del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
En este informe se visualizan los ingresos y egresos destinados a la campaña presidencial de Abinader, durante el periodo 17 de marzo al 15 de junio, fecha en la cual se inició la campaña electoral, conforme proclama dictada por la JCE.
En total, el documento firmado por el entonces delegado político del PRM ante la JCE, Orlando Jorge Mera (fallecido) y el director financiero de la campaña, Samuel Pereyra Rojas, recoge ingresos por RD$343, 798,820.06 y gastos por RD$522, 240,102.38.
Del total de ingresos, RD$274, 482,000.00 se recaudaron como “Aportes de Amigos y Relacionados”, según establece el informe.
Estos fondos fueron empleados en gastos administrativos, asesorías, promoción política, logística y la denominada “Ruta Solidaria”.
Acusación de SeNasa
Hazim fue arrestado el pasado sábado tras ser interrogado por más de cuatro horas en Procuraduría General de la República (PGR).
Es acusado por el Ministerio Público junto a otras nueves personas de ejecutar un desfalco por más de 15 mil millones de pesos.
Además de Hazim, también han sido arrestados Ada Ledesma Ubiera, Cinty Acosta Sención, Eduardo Read Estrella, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Gustavo Enrique Messina Cruz, Heidi Mariella Pineda Perdomo, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speaker Mateo.
Segun el Ministerio Público, el entramado delictivo se formalizó tras la designación de Hazim como director ejecutivo mediante el Decreto 377-20, en agosto de 2020. A partir de entonces, sostiene el expediente, se estructuró un círculo de colaboradores que habría diseñado maniobras fraudulentas prolongadas en el tiempo, incluyendo recepción de sobornos, manipulación de cuentas bancarias, creación de programas sin sustento legal y adulteración de estados financieros.
Entre las evidencias presentadas se encuentran supuestos actos de corrupción que, según la procuradora Yeni Berenice Reynoso, representan “una agresión directa al derecho constitucional a la salud”, por tratarse de recursos destinados al sistema de seguridad social.
El expediente también describe operaciones patrimoniales consideradas irregulares por el Ministerio Público, como la adquisición de un pent-house de lujo utilizado por uno de los imputados sin contraprestación comprobable, así como transacciones inmobiliarias financiadas mediante transferencias que no se correspondían con la supuesta relación de alquiler presentada en los documentos.
