Juan Bolívar Díaz
El Mensaje de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) emitido con motivo del 171 aniversario de la Independencia Nacional ha sido considerado uno de los más progresistas y abarcadores de la historia de esa institución, comparándosele con la histórica pastoral de enero de 1960 que denunció los excesos de la ya entonces moribunda dictadura de Trujillo.
Esta vez los obispos no están denunciando una dictadura, pero diagnostican con claridad y valentía muchos de los males que agobian a la sociedad en los ámbitos económicos, institucionales, políticos y sociales, formulando propuestas para que la justicia y la paz se hagan realidad. Las preocupaciones y el lenguaje parecen fruto de ese nuevo “aggiornamento” que para la Iglesia Católica está representando el Papa Francisco.
El mensaje, titulado “Que la Justicia y la Paz se encuentren”, se fundamenta en el concepto bíblico de la paz que “designa el bienestar de la existencia cotidiana, el estado del ser humano que vive en armonía con la naturaleza, consigo mismo, con Dios; concretamente, la paz es bendición, reposo, gloria, riqueza, salud, vida.” Citan el Salmo 18: “la justicia y la paz se besan”.
Tras la fundamentación en la doctrina social de los católicos, el documento plantea que en el país la justicia y la paz no se encuentran, coincidiendo con los estudios que diagnostican una enorme inequidad y sosteniendo que “persiste una violencia institucionalizada”, con niveles de pobreza de 40 por ciento, muy superior al 19 por ciento de la región, con 20 por ciento en la indigencia, que fueron las cifras del reciente informe 2015 de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL.
La CED sostiene que “Es en este modelo excluyente de crecimiento económico material que se debe buscar la explicación fundamental del desasosiego y la violencia cotidiana en que vive la generalidad del pueblo dominicano”. Y lo primero que desasosiega “es no saber a quién acudir ni a qué atenerse”, por una débil institucionalidad que se percibe en casi todas las esferas, como salud, vivienda, descanso, trabajo, circulación pública, seguridad, contratos y “especialmente en los aspectos fiscales, es decir en la manera en que el gobierno recauda y gasta los recursos que son de todos”.
Denuncian la corrupción pública y privada, fuente de inequidad y desconfianza, el clientelismo y la política concebida como negocio, las carencias del sistema eléctrico, la baja inversión en salud, la menor en la región, que “no puede seguir secuestrada por intereses económicos privados que basan su actividad empresarial en el lucro desmedido”.
El mensaje es descarnado al referirse a “la preocupante situación de la independencia de los Poderes del Estado” que son percibidos “sujetos a unos cuantos líderes y a un solo partido”, con cuotas de poder institucional utilizadas “para agendas políticas e ideológicas, en detrimento del reconocimiento automático de los derechos fundamentales. Tampoco evaden denunciar un endeudamiento excesivo.
Los obispos siguen la línea del Papa Francisco que se preocupa por los inmigrantes, en tanto población vulnerable, y abordan con serenidad el problema de la inmigración, que requiere una solución “racional y justa”, quejándose de que las soluciones para los descendientes de inmigrantes nacidos en el país contempladas en la Ley 169-14 y en el Plan de Regularización para los extranjeros indocumentados, “son obstaculizadas por múltiples sectores involucrados”.
Merecen atención las propuestas de la CED para el dinamismo económico, la institucionalidad y justicia, cultura de derechos, política laboral apegada a principios de justicia universal, así como para la ley de partidos y la regulación de la actividad política y electoral, “con los principios fundamentales de la vida democrática”, y para reencauzar institucionalmente las relaciones internacionales, especialmente con Haití. con regulación del comercio, la migración y la colaboración mutua. (Hoydigital)
