SANTO DOMINGO.- Al estilo PLD en su era de gobierno y bajo el lema "Los temas internos pueden esperar. Las necesidades del país no", la plana mayor del Partido Revolucionario Moderno (PRM) solicitará de manera oficial a su militancia la extensión de la dirección nacional del partido oficialista.

En un comunicado de prensa, la Dirección Ejecutiva propondrá que José Ignacio Paliza, presidente y Carolina Mejía, secretaria general de mantengan en esas posiciones hasta el 2027.

También, solicitarán la extensión hasta el 2028 de las demás estructuras dirigenciales territoriales y sectoriales. La explicación dada por la organización política es que la militancia debe de "seguir concentrada" en las tareas de gobierno, en la estabilidad institucional del país y en el "cumplimiento de los compromisos asumidos con la sociedad dominicana, dentro del contexto político y electoral de cara al 2028″.

"Nuestro país atraviesa un momento que demanda madurez, estabilidad, responsabilidad y sentido de prioridad de todas las fuerzas políticas nacionales, ante los importantes desafíos económicos, sociales y del contexto internacional que impactan al mundo y a nuestra región", reseña el primer párrafo del documento firmado por la dirección ejecutiva.

Indica que el PRM debe de continuar "trabajando" por la estabilidad del país.

"Hoy, más que nunca, la nación espera serenidad, institucionalidad y sentido de responsabilidad. El PRM está enfocado en gobernar, servir y continuar trabajando por el bienestar de todos los dominicanos", exclaman.

Oposición a la extensión

A pesar de que ahora es que será sometida de manera oficial hacia las bases, la medida fue discutida, debatida (y aprobada por “consenso”, según fuentes) en el máximo organismo del PRM durante el transcurso de la pasada semana, lo que llevó a qué múltiples dirigentes mostraran su rechazo público a la propuesta indicando que eso sería un "golpe fuerte" a la democracia interna de esa organización política.

Entre ellos está el miembro de la dirección ejecutiva, y aspirante a la secretaría general del partido, Eugenio Cedeño, quien manifestó que esa medida sería un "error catastrófico".

Dentro del documento, la dirección ejecutiva indica que la propuesta "no será impuesta", y que será sometida ante los mecanismos del partido.

"El PRM reafirma que es una organización democrática, respetuosa de sus estatutos, de la Constitución y de las leyes de la República, por lo que cualquier decisión será conocida y aprobada a través de los mecanismos institucionales correspondientes", indica el comunicado.

El rechazo al consenso

Aunque la dirección ejecutiva citó la actual situación económica del país como la razón principal del sometimiento de esa propuesta, la decisión de someter la propuesta viene luego de que en las últimas semanas, de manera pública, múltiples dirigentes del PRM manifestaran su rechazo al método del "consenso" cómo método para elegir a las autoridades provinciales y municipales.

En el último episodio de descontento entre las bases partidarias y la plana mayor del partido oficialista, los dirigentes provinciales y municipales han insistido en que todos los cargos internos deben definirse mediante votaciones y no por acuerdos entre corrientes.

La posición de esos dirigentes han sido secundadas por miembros de la propia dirección ejecutiva como Guido Gómez Mazara, quien en una carta dirigida a la presidencia y secretaria general del partido, advirtió que convertir el consenso en norma podría desvirtuar la esencia participativa del partido y limitar el derecho de las bases a elegir libremente a sus representantes.

Se recuerda que en aras de prevenir que las contiendas locales generen fricción entre las bases, el PRM decidió crear una Comisión Nacional de Consensos, la cual se encargaría de mediar entre todos los aspirantes a cada posición y llegar a un acuerdo, sin que haya voto directo para de esa manera eliminar la promoción de las respectivas candidaturas.

Esos acuerdos nunca fueron arribados en la gran mayoría de las demarcaciones del PRM.

La convención para elegir a las principales autoridades de los oficialistas está pautada, hasta tanto la propuesta no sea aprobada, para el próximo mes de junio.