Santo Domingo.- Tremendo safarrancho se armó este lunes en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva cuando agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) de la Policía Nacional intentaron llevarse a la fuerza a Willy Feliz, testigo clave a descargo en el juicio que se le sigue a un acusado de intento de homicidio.

El hecho, ocurrido sin que los agentes ofrecieran explicaciones ni presentaran orden de arresto, provocó un altercado cuando familiares y amigos del imputado Juan Méndez Pérez, intervinieron para proteger al testigo.

El incidente se produjo en los pasillos de la sede del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, judicial mientras las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conocían la audiencia contra Juan Méndez Pérez y escuchaban las declaraciones de los testigos del Ministerio Público.

Feliz figura como uno de los testigos aportados por la defensa del imputado. Según manifestaron allegados al testigo y familiares del procesado, contra Feliz no existe ninguna orden de arresto pendiente.

La situación motivó el despliegue de decenas de agentes policiales en el recinto judicial.

Denuncian amenazas a testigos

Durante la audiencia, Estefany Guantes, pareja sentimental de Méndez Pérez, defendió la inocencia de su cónyuge y denunció que el proceso lleva un año en un ciclo de reenvíos constantes.

“Tengo pruebas de que a mi esposo lo quieren involucrar, tengo pruebas”, enfatizó Guantes, al tiempo de señalar que otros dos testigos a descargo no acudieron al tribunal por temor a represalias.

Según Guantes, tras la postergación de la audiencia el pasado viernes, sus familiares recibieron amenazas por parte de allegados a la víctima (propietaria de un negocio de expendio de bebidas alcohólicas). “Hay dos testigos que no están viniendo por eso mismo, porque los mandan a amenazar”, afirmó.

La toma de testimonios del Ministerio Público inició tras la lectura formal de la acusación contra Méndez Pérez, a quien se le imputa asociación de malhechores, intento de homicidio y de violar la ley de armas.

Acusación del Ministerio Público

Según el expediente del órgano acusador, los hechos ocurrieron a las 10:30 de la noche en el sector Capotillo.

La víctima, identificada como Mayra, se encontraba fuera de su negocio cuando observó a dos hombres vestidos con abrigos (uno negro y otro verde) salir de un callejón cercano portando armas de fuego.

Al notar la presencia de los agresores, Mayra corrió a resguardarse dentro del establecimiento. Los atacantes realizaron múltiples disparos hacia el lugar, logrando la víctima lanzarse al suelo para cubrirse.

Durante la balacera resultaron heridos Salvador Emilio, quien presentó impactos de bala en los miembros inferiores, y la adolescente F.P., de 16 años, quien sufrió una herida de proyectil en el miembro superior derecho. Ambos fueron trasladados por residentes de la zona al Hospital Docente Doctor Francisco Moscoso Puello.

El Ministerio Público sostiene que, tras interrumpirse el servicio eléctrico en el sector, el testigo Willy Feliz escuchó las detonaciones y observó a los acusados huir por un callejón próximo a su residencia. La huida quedó registrada en cámaras de seguridad de la zona.

En el lugar del hecho, miembros de la Policía Nacional recolectaron 13 casquillos calibre 9 milímetros, remitidos a la Sección de Balística de la Policía Científica.

Evidencias y pesquisas

Como parte de la investigación, el 28 de marzo de 2025, el ciudadano Leonardo Encarnación Frías entregó de manera voluntaria una pistola marca Glock, modelo 17 (quinta generación, calibre 9 mm, serie CDGS-957) con su cargador. Según las autoridades, el arma fue entregada a Encarnación por el coimputado Gabriel Aquino Acevedo para que la guardara.

Asimismo, la acusación incluye el peritaje de extracción de datos a un teléfono celular Samsung y la obtención de información telefónica autorizada judicialmente el 21 de marzo de 2025. Según el Ministerio Público, los análisis arrojaron evidencias digitales y conversaciones con un individuo identificado como "Newton", las cuales comprometen directamente a los acusados con la ejecución del crimen.