En su discurso al asumir la Presidencia de la República el 16 del pasado agosto, Luis Abinader anunció que su Gobierno se propone dotar a toda la población de un seguro de salud para garantizar el acceso a la salud de manera universal, lo que significaría un trascendental paso en procura de dignificar a un segmento poblacional que carece de los medios para atender sus dolencias de una manera decente.
De ahí que ese anuncio haya concitado el apoyo de los dominicanos con sensibilidad social, ya que un país que pretenda asumirse como defensor de los derechos fundamentales no puede tener a millones de personas privadas de acceso a la salud de calidad—dentro de nuestros parámetros de calidad—oportuna y gratuita.

Sin embargo, hay un aspecto en ese sentido que no fue tocado por el presidente de la República que es igual de relevante, pues concierne al futuro de millones de trabajadores: el caso de los fondos de pensiones.

Desde hace bastante tiempo se encuentra sobre la mesa una discusión que debe ser asumida con la seriedad que amerita. Se trata de la necesidad de que se aborde pertinencia de una reforma integral del sistema, de modo que se puedan generar mejores pensiones, extender la protección y hacer que las mismas contribuyan más al desarrollo económico y social en el país.

Está la clara visión de que para mejorar el futuro de las pensiones se debe partir, en primer término, de la lógica de que es imprescindible incrementar el ahorro que es el sustento del sistema y la utilidad que el mismo reporta como parte integral de su existencia.

Por otro lado, un aspecto fundamental a tomar en cuenta es la ampliación de la base de sustentación de todo sistema, es decir, la captación de más aportes mediante el combate a la informalidad que no sólo en el renglón de pensiones opera como un freno para el desarrollo del mismo, sino a todos los niveles.

Es decir, que la informalidad en la economía más bien resulta en una carga para la misma, por cuanto los informales en tornan en consumidores y no contribuyentes.

Ahora bien, emprender estas tareas tiene que partir de una política del Gobierno encaminada junto a los sectores diversos de la sociedad que tienen alguna o mucha incidencia, de modo que resulte de un amplio consenso.

En este caso el Gobierno no puede servirse de los fondos de pensiones para asumir, como pretendió la administración anterior, su responsabilidad de afrontar la crisis derivada de la pandemia de coronavirus, cuando lo que corresponde es abocarse a lograr su fortalecimiento, incluso propiciando que los trabajadores informales sean incorporados a la seguridad social.