SANTO DOMINGO.- Casi la totalidad de los recursos económicos que percibe el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, Inc., tiene su origen en fondos públicos, canalizados a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa), derivados de las prestaciones de servicios médicos brindados a los afiliados del régimen subsidiado en dicha institución.

Esa puntualización la hace la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en la solicitud de medida de coerción contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente de la citada entidad sin fines de lucro, ubicada en Santiago, apresado mediante la denominada operación Onco 14 junto a otras dos personas.

Y es que el órgano acusador los sindica de presuntos fraudes contra Senasa y en perjuicio de pacientes oncológicos de las 14 provincias del Cibao. Según el documento, los encartados desarrollaron un rosario de acciones "fraudulentas" en beneficio propio.

El órgano persecutor indicó que pudo establecer, según las pesquisas, que desde el 2018 al 2025, en siete años, el Senasa desembolsó más de 3 mil 754 millones de pesos (RD$3,754,064,167.76).

"Dicho monto, por su naturaleza y procedencia, reviste el carácter de recursos públicos, al provenir de una entidad estatal administradora de fondos destinados a garantizar el derecho fundamental a la salud de la población más vulnerable, lo que impone a sus receptores un especial deber de transparencia, correcta administración, rendición de cuentas y sujeción estricta a los principios de legalidad, eficiencia y probidad administrativa", dice el documento.

El Ministerio Público indicó que, junto a Dilcia Isabel Vargas, una exmiembro de la Junta Directiva del Patronato, Lora Cruceta "actuó con la finalidad deliberada de aprovecharse indebidamente de los recursos económicos de dicha entidad en beneficio personal. A tales efectos, concibieron y ejecutaron un plan criminal que se desarrolló de manera sistemática y continua desde el año 2018 hasta el mes de octubre de 2025″.

Indica que el impacto de la conducta de los imputados generó un perjuicio sistémico en el Patronato. Mientras los registros financieros reflejaban facturaciones millonarias al Senasa. 

Dentro del presunto rosario de "acciones fraudulentas" cometidas por Lora Cruceta y compartes, está un hecho al que el Ministerio Público calificó como indignante: la privatización ilícita de habitaciones en perjuicio de pacientes oncológicos. El órgano de justicia indicó que, con el fin de lucrarse directamente, el imputado procedió a convertir las habitaciones de ingreso común del centro, cuyo costo era cubierto por el seguro médico, en habitaciones privadas de una sola cama, cuyo costo no era cubierto por el seguro del Estado.

En el caso de los pacientes más necesitados que no tenían los recursos económicos para costear una hospitalización privada que iba de RD$3,500.00 a RD$5,000.00 pesos por noche, se veían obligados a posponer su ingreso hasta que se liberara una de las pocas habitaciones compartidas que el imputado, dice el Ministerio Público en su acusación.

Estos mismos pacientes, catalogados como ambulatorios por la falta de además los que con mayor frecuencia eran objeto de los cambios fraudulentos de indicaciones médicas y del suministro de dosis incompletas de medicamentos descritos camas, eran en los hechos precedentes, configurando así un esquema integral de fraude, negligencia y puesta en peligro de la vida humana, dice el documento elaborado para solicitar coerción contra los señalados.

Los demás imputados son Luisa Yasiris Guzmán de Lora, esposa de Lora Cruceta; y las entidades Vargas Lora & Asociados, actualmente denominada Vargas Guzmán Accounting Center, y la Fundación Tócate RD.

El Ministerio Público solicitó el pasado lunes que se impongan 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a los tres imputados del proceso por la supuesta afectación realizada en contra del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.