Santo Domingo.- El ex administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo Mézquita, fue interrogado este miércoles por la Procuraduría General de la República (PGR) como parte de una investigación por corrupción que involucra también al exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz; pero esta no es la primera vez que Lizardo resulta implicado en un presunto caso de corrupción.  

En el año 2000, Simón Lizardo fue sometido a la justicia acusado, junto a otros ex funcionarios, de estafar al Estado con RD$1,427 millones de pesos en el Caso PEME, considerado como uno de los mayores casos de presunta corrupción contra el Estado. 

El Programa de Empleos Mínimos Eventuales (PEME) fue una iniciativa del expresidente Leonel Fernández desarrollada en su primera gestión (1996-2000) que buscaba garantizar la paz pública entregando empleos y ayuda económica a jóvenes que participaban de protestas producidas por movimientos sociales. 

El programa contaba con dos nóminas, una llamada Programa Eventual Mínimo de Empleo (PEME), y la otra, Programa de Acción Barrial (Prodaba). 

Por este caso de supuesta corrupción administrativa fueron apresados y sometidos a la justicia varios dirigentes peledeístas, entre ellos el entonces director de la Opret, Diandino Peña; Luis Inchausti, director del PEME; el ex superintendente de Valores, Haivanjoe Ng Cortiñas, y el ex contralor General de la República, quien también fue Secretario Administrativo de la Presidencia entre los años 1998 y 2000, Simón Lizardo, entre otros. 

Sin embargo, los imputados fueron dejados en libertad bajo una fianza de RD$15 millones, otorgada el 15 de marzo de 2002. 

El caso estuvo latente por varios años en los tribunales, pero en febrero de 2007 la Fiscalía del Distrito Nacional excluyó del expediente y descargó de toda responsabilidad penal a Simón Lizardo, Diandino Peña, Haivanjoe Ng Cortiñas y el empresario Noe Camacho Ovalle. 

 “El Ministerio Público ha decidido retirar la acusación con respecto a esos imputados, en el entendido de que si bien es cierto que en sus actuaciones pudo reflejarse una falta o negligencia en la supervisión del Peme y Programa de Acción Barrial (Prodaba), no hemos podido comprobar el uso y provecho personal de los fondos erogados, puesto que su accionar se circunscribió al cumplimiento de la tramitación de asignaciones a los responsables de dichos programas”, sostuvo entonces el fiscal José Manuel Hernández Peguero. 

La Fiscalía del Distrito Nacional aseguró, en aquel momento en el acta de acusación, que se ha comprobado que el resto de los imputados desviaron los recursos del PEME a cuentas personales, además de que el dinero no llegaba a los destinatarios.  No obstante, en octubre de 2007, durante el segundo gobierno de Leonel Fernández, la fiscalía del Distrito Nacional retiró la acusación de desfalco a Luis Inchausti y otros implicados, entre ellos una hermana de éste. 

Cabe señalar que el entonces encargado de asuntos jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Radhamés Jiménez, afirmó en febrero de 2005 que todo era parte de una persecución política contra funcionarios del PLD. 

En esta ocasión, a su llegada a la PGR, Simón Lizardo fue abordado por la prensa sobre si consideraba el interrogatorio de este miércoles como parte de una persecución política, a lo que respondió que no lo considera así, sino que ha sido citado por su condición de ex funcionario público. 

Interrogatorio

 Además del director de la Pepca, Wilson Camacho, y la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, la procuradora Miriam Germán Brito también participó del interrogatorio de cuatro horas realizado a Lizardo este miércoles en la PGR. 

Al finalizar el proceso, Lizardo Mézquita expresó: "Acudimos a un requerimiento del Ministerio Público en alusión a asuntos de su interés, hemos respondido en cada momento y en tratamiento ha sido cordial y respetuoso". 

Simón Lizardo, hermano de la ex senadora  por la provincia de Santo Domingo, Cristina Lizardo, también fue ministro de Hacienda en el gobierno de Danilo Medina. 

Las actuales investigaciones parten de una denuncia pública del titular de la Dirección General de Presupuesto, José Rijo Presbot, quien alertó sobre pagos irregulares a contratistas, ocurridos en la última etapa de las gestiones del presidente Medina (2012-2020), de alrededor de RD$21,000 millones, pero las indagatorias se extienden a otros hechos.