Tribunal Constitucional

Santo Domingo.- El Tribunal Constitucional (TC) rechazó este jueves las declaraciones que hizo el director de Aduanas, Fernando Fernández, a través de un medio de comunicación, en que proclama su decisión de desobedecer o desacatar una eventual sentencia de este organismo sobre el caso que involucra la posición de la GDA sobre el contrato de los rayos x .

A continuación la declaración del Tribunal Constitucional:

El prestigioso vespertino El Nacional, en su edición del día de ayer 18 de los corrientes, en primera plana, se hace eco de unas declaraciones del director de Aduanas, en que proclama su decisión de desobedecer o desacatar una eventual sentencia del Tribunal Constitucional que sea contraria a la posición de la referida dirección en el caso del contrato de los rayos x, aplicable a los furgones que se utilizan para el comercio internacional.

Rechazamos vigorosamente las declaraciones del director de Aduanas por ser violatorias a las disposiciones de la Constitución de la República que en su artículo 184 consagra:“Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.”

La Dirección General de Aduanas no está por encima de la Constitución.  Es un órgano que con personalidad jurídica, autonomía funcional y otras prerrogativas de entes públicos de su naturaleza está sujeta, incluso, a la vigilancia del Ministerio de Hacienda, que ejerce sobre ella una potestad de tutela, a los fines de verificar que su funcionamiento se ajuste a las disposiciones legales.

Las declaraciones de marras constituyen además, un mecanismo inaceptable de presión a la jurisdicción constitucional que, de constituirse en práctica de los organismos públicos, conspiraría contra el Estado social y democrático de derecho consagrado en la Constitución de 2010. Si en la administración pública se violara la majestad de la justicia, ¿qué mensaje estaríamos enviado a los simples ciudadanos?
El desacato o desobediencia de las decisiones de cualquier jurisdicción, particularmente por quienes están llamados a dar el ejemplo en el cumplimiento de la Constitución y la ley, repetiría una dolorosa y execrable práctica del pasado represivo y avasallante, que no olvidamos, de que fueron objeto el poder judicial y el derecho.

Adicionalmente, el referido funcionario expresó: “la ruta que está tomando el caso dentro del tribunal, quisiera equivocarme, pero no me parece la más sana para la nación”. Esta expresión ofensiva denota un desconocimiento total del procedimiento que se sigue en el tribunal para fallar los casos, que es el mismo, de manera general, para todos los expedientes.

El Tribunal Constitucional en la decisión de sus casos no actúa por pasiones, rebatiñas, represalias, interés político o económico, presiones o favores, lo hace en plena conciencia de sus responsabilidades, obligaciones y deberes que se derivan del mandato constitucional y legal.  El no cumplimiento de las decisiones judiciales atenta contra la seguridad jurídica, el clima de inversión y la credibilidad de las políticas públicas.

Las desafortunadas declaraciones del Director de Aduanas sobre un posible fallo contrario a sus pretensiones, se producen, lamentablemente, cuando en el país se desarrolla exitosamente el II Encuentro Iberoamericano Justicia Constitucional con Perspectiva de Género “La violencia contra la mujer”, con la presencia de magistradas presidentas, magistradas y magistrados de tribunales constitucionales y cortes supremas de catorce (14) países iberoamericanos.  Esperamos que las y los distinguidos representantes de países hermanos no se lleven la impresión de que órganos de la administración del Estado desconocen la trascendencia de la función jurisdiccional para asegurar la sana convivencia social mediante los canales institucionales. (El Caribe)