SANTO DOMINGO.- La propuesta del Poder Ejecutivo de recortar a la mitad el presupuesto destinado a los partidos políticos para el año 2026, como un sacrificio necesario de la clase política para financiar subsidios sociales ante la actual crisis, ha sido interpretado por la oposición como una maniobra autoritaria para asfixiar financieramente a los competidores del oficialismo.

En el sistema nacional, el financiamiento público es la herramienta diseñada para evitar que el dinero ilícito o los grandes intereses privados controlen la política; por ello, un recorte de esta magnitud pone sobre la mesa el debate entre el ahorro estatal y la integridad de la democracia.

Representantes del PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, Opción Democrática y Alianza País calificaron la medida como “una amenaza directa a la estabilidad nacional”.

Javier Hubiera, delegado de la Fuerza del Pueblo, señaló que los partidos ya operan con limitaciones y que reducir su presupuesto al 25% efectivo de lo que les corresponde por ley generaría una crisis legal, dado que las organizaciones tienen compromisos contractuales a largo plazo.

Por su parte, desde el PLD y Opción Democrática, se cuestionó la falta de consenso. Johnny Pujols y José Horacio Rodríguez coincidieron en que el anuncio es "populista" y busca desviar la atención de la falta de austeridad en el gasto público real del Gobierno, como la publicidad y los viáticos.

El conflicto radica en la Ley 99-25 de Presupuesto. Para que esta reducción sea efectiva, el Congreso debería modificar una ley orgánica en un ambiente de alta polarización.

El financiamiento público actual asciende a RD$1,620 millones, una cifra que, aunque parezca elevada, representa una fracción mínima comparada con los RD$40,000 millones que el Gobierno busca optimizar.

Para los analistas, el choque no es solo económico, sino de legitimidad, porque la oposición siente que el Gobierno ha roto los puentes de diálogo construidos apenas el pasado mes de abril.

La Ley de Partidos Políticos establece el financiamiento como un derecho para garantizar la equidad en la contienda. 

Un recorte drástico podría obligar a los partidos a buscar fondos en sectores menos transparentes, aumentando los riesgos de corrupción en el sistema político.