Un sector de la sociedad dominicana, permeado por intereses que pretenden vivir en el caos, se ha encargado de desacreditar el nuevo código penal sobre la base de una serie de infundios que han logrado confundir a muchas personas.
Pocos de los argumentos esgrimidos contra el nuevo instrumento se corresponden con la realidad concreta, sino que se fundamentan en premisas falsas, las cuales buscaban motivar al presidente de la República para que no promulgara la pieza.
Sin embargo, el presidente Luis Abinader prestó oídos sordos a los alegatos, y procedió a promulgar el código, actuando con la responsabilidad que se espera de un gobernante.
Más de dos décadas de una pieza fundamental para la organización social de la República Dominicana no parecieron suficientes para quienes pretendían que el país siguiese regido por un código que hace bastante tiempo dejó de responder a la realidad que vive el mundo.
Debemos recordar que la pieza fue observada en dos ocasiones por el entonces presidente Danilo Medina basado en otras motivaciones que no están presentes en la nueva legislación.
La principal se refiere a las llamadas tres causales para la interrupción del embarazo, un tema que dividió a la sociedad entre conservadores y grupos con un pensamiento liberal, pero al final se impuso el criterio de los primeros.
Al quedar fuera este engorroso tema, no había ninguna razón válida para continuar retrasando la entrada en vigor del código, razón por la cual el jefe del Estado merece el reconocimiento de la sociedad.
La promulgación no cierra el derecho de quienes se oponen a aspectos de la pieza de recurrir a las vías institucionales establecidas para dirimir las controversias, es decir, en primer término, el Tribunal Constitucional.
Pero el adelanto que representa este instrumento no podía ser postergado en base a supuestos, entre ellos la eventual afectación de la libertad de expresión del pensamiento.
Sobre esto, hemos dicho que a nadie se le coarta la libertad de publicar informaciones verídicas y comprobables, sino que se advierte que todo el que no pueda probar en un tribunal lo que alega, debe pagar las consecuencias.
Lo que ninguna sociedad puede permitirse el lujo de que un ejercicio selvático de los derechos atente de manera aviesa contra el derecho a la justa fama de todos los ciudadanos, sean o no funcionarios del Estado.
