Juan Bolívar Díaz
Una de las peores iniquidades, de las tantas que se registran en el país, es que todavía no se disponga de agua potable en la mitad de las viviendas, lo que en los últimos meses se ha agravado alarmantemente a causa de la prolongada sequía y del descuido del gobierno en financiar el mantenimiento, reparación y ampliación de los sistemas de acueductos en las ciudades.
Nadie puede ignorar que la actual sequía tiene ya ribetes de gravedad, incluso para generar alarma, pues los expertos vaticinan que se podría extender por los tres o cuatro meses que quedan del período regular de lluvias para causar estragos hasta el año próximo, no solo en el consumo humano, sino también en la producción vegetal y animal, ya sometida a racionamiento, con registro de pérdidas considerables, especialmente en la región sur-suroeste.
La sequía del último año está secando las presas y dejando a altas proporciones de personas sin agua para el consumo doméstico, mientras una minoría de la población recibe y desperdicia gran parte del agua disponible en los acueductos o extraída del subsuelo. Con el absurdo de que a estos el agua les sale varias veces más barata que a gran parte de los que tienen que comprarla por camiones, tanques o latas. En todo su esplendor la cultura de la latita de la que escribimos en el semanario Firme hace exactamente 40 años.
Pero aún con pocas lluvias la situación no sería tan irritante si el 54 por ciento del agua que se coloca en los acueductos no se estuviera perdiendo a causa del desperdicio y las averías, como sostiene el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Alejandro Montás, quien además denuncia que los privilegiados que disponen de agua dentro de sus viviendas pagan sumas irrisorias por el servicio, muchas veces menores que por la electricidad y hasta que por recogida de desperdicios.
El gobierno ha esperado demasiado para disponer medidas de emergencia, que todavía son tímidas, pero que han comenzado develando los absurdos de la gestión pública. Es que una alta proporción de los sistemas de agua, campos de pozos, plantas de tratamiento y hasta acueductos, están fuera de servicio por falta de mantenimiento.
Eso lo han reclamado públicamente no sólo el director de la CAASD, sino también el del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado y el del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. La CAASD pidió para este año 4 mil millones de pesos, y sólo le asignaron 2 mil 500, lo que le ha imposibilitado invertir en mantenimiento. Montás dijo que tiene un déficit en sus niveles de distribución de 85 millones de galones por día. Pero al mismo tiempo está solicitando recursos para reparaciones que lo reducirían a solo 20 millones. Muchas de las bombas y plantas eléctricas que mueven campos de pozos requieren reparaciones o sustituciones. Con el agravante de que la precariedad que también afecta el servicio energético contribuye a reducir el suministro de agua.
Hace meses que el gobierno debió declarar una emergencia, como se ha hecho en Puerto Rico y Cuba, y suplir todos los fondos que requiere el mantenimiento y reparación de las fuentes acuíferas y los acueductos. Al igual que debe priorizar el pago de la energía que suplen las empresas generadoras.
El racionamiento de agua debe incluir no sólo a los lavadores “informales” de vehículos, como se ha informado, que en su mayoría usan latas de agua, sino también a las empresas formales que la gastan con mangueras y en grandes proporciones, y se debe prohibir el regado de jardines y llenado de piscinas hasta que se conjure el agravamiento de la iniquidad del suministro de agua. La experiencia aconseja también mayor inversión en pequeñas presas y reservorios de agua. (Hoydigital)
