La seguridad pública es responsabilidad total del Poder Ejecutivo, y debe ser resultado del ejercicio de autoridad de todas las instituciones preventivas, investigadoras y represivas de un Estado (entre los más pequeños de América latina) que cuenta con más de 100 mil hombre y mujeres formados y uniformados para tal desempeño (más de 2 por cada kilómetro cuadrado). Entonces, ¿para qué un proyecto de Ley de Seguridad Pública, como el que se está enviando al Congreso? ¿Para qué ese disparate, si lo más necesario es hacer lo que no se hace: abandonar la vagancia cuartelaria para vigilar día, noche y madrugada en todo el país?