Santo Domingo.-Representantes de varios partidos políticos solicitaron este lunes a la Junta Central Electoral (JCE) que agilice el proceso de revisión de los expedientes de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas que han solicitado su reconocimiento y que a la fecha han cumplido con los requisitos contemplados en la Ley Electoral 275-97.
En un documento común la Alianza por la Democracia (APD), el Partido Revolucionario Moderno (PRM), EL Frente Amplio, la Fuerza de la Revolución, el Partido Humanista Dominicano (PHD), el Foro Renovador, Camina RD, Ciudadanos por la Democracia y la La Multitud abogaron para que, en específico, concluyan los trabajos de revisión de Alianza País, Movimiento Patria Para Todos y Movimiento Rebelde, agrupaciones que entregaron desde el año pasado sus expedientes pero que aún se encuentran a la espera del veredicto definitivo que le permitirá incorporarse al sistema de partidos con todas las prerrogativas legales.
Para sustentar la solicitud las agrupaciones argumentan que “durante mucho tiempo las organizaciones políticas que en su momento controlan la Junta Central Electoral han recurrido al poder que les brinda la posición para aplicar con discrecionalidad la ley electoral en beneficio de unos y perjuicio de otros, según les convenga”.
También entienden que Como resultado de la permanencia de un sistema electoral fundamentalmente inequitativo, así como de la ausencia de un régimen adecuado de partidos, en el país no están debidamente garantizadas la equidad ni la transparencia en materia político-electoral.
“Por esta razón, a la vez que demandamos con responsabilidad una repuesta a los partidos que han solicitado su reconocimiento, pensamos que es necesario iniciar el debate para elaborar entre todos una Ley Orgánica Electoral para superar las grandes debilidades que en este momento padece el sistema político electoral dominicano”, se agrega en el texto dirigido a los miembros titulares de la JCE.
Las agrupaciones firmantes proponen una Ley Orgánica Electoral que permita competir en igualdad de condiciones, sin discriminación, orientada a garantizar los derechos de los ciudadanos y la democracia interna de los partidos políticos, que aborde aspectos esenciales como la transparencia en cuanto al origen y uso de los recursos que reciben los partidos para su financiamiento. Entienden necesario instaurar un sistema que regule con eficiencia la campaña electoral, así como el uso de los medios de comunicación, a fin de garantizar el acceso en condiciones de equidad a todas las fuerzas políticas.
Plantean una normativa que establezca sanciones claras y ejemplarizadoras contra quienes idean, organizan y ejecutan crímenes electorales que solo tienen como propósito perpetuar su permanencia ilegítima en las instancias del Estado.
