Dada la inminente próxima discusión en el Consejo Económico y Social (CES) de una eventual reforma constitucional, es preciso recordar que para que tal reforma sea exitosa debe necesariamente partir de un consenso técnico, político y social. El técnico es consenso de los juristas, las escuelas de derecho, los científicos sociales y las organizaciones civiles dedicadas al derecho y a las reformas institucionales.

El político es concierto de los partidos, especialmente los grandes partidos (PRM, PLD, PRD, FP), sin exclusión de los minoritarios, y sus líderes. El social es consenso de la sociedad civil, los gremios, los sindicatos, las iglesias y las organizaciones comunitarias y empresariales.

El CES puede ser escenario del consenso social y terreno para manifestar un consenso político fruto de un actualmente inexistente pacto entre los principales partidos, despectivamente denominado por ciertas turbas digitales como “acuerdo de aposento”.

Pero no es el locus idóneo para un consenso técnico que debe anteceder una reforma que, a pesar de presentarse como simple cirugía laparoscópica, en verdad es una operación de cirugía mayor y corazón abierto que implicará someter el cuerpo político de la nación a un coma inducido mediante una Asamblea Revisora que, según la equivocada y mayoritaria doctrina constitucional -que no comparto-, es libre y soberana para tratar cualquier tema, aun no esté incluido en la ley que declara la necesidad de la reforma.

Pero… ¿es oportuna esta reforma constitucional? Saliendo apenas de la pandemia, en medio de la preocupación por la inflación mundial, con el principal partido de oposición azotado por una ríspida campaña política, mediática y judicial de acoso generadora de crispación, creo que no. ¿Es necesaria? Pretendo, en las líneas que me permite este diario, demostrar que no. No solo eso: intentaré demostrar, adicionalmente, que es muy peligrosa.

Fijemos nuestra atención en uno de los ejes transversales de la misma: el fortalecimiento del Ministerio Público. Este fortalecimiento es perfectamente posible por la vía legislativa y dotando de mayor presupuesto a la institución. Lo mismo ocurre con el Procurador General Administrativo a quien solo hay que darle un adecuado estatuto legal y asignarle los recursos materiales y humanos para su función. Veo también como simple cambio cosmético, que nada sustancial aporta, abandonar nuestra denominación tradicional de Procurador General de la República para bautizarlo como “Fiscal General”.

Pero la reforma constitucional planteada es, además, muy peligrosa. Miremos cómo se pretende modificar la super mayoría para adoptar decisiones en el Tribunal Constitucional cuando hasta en Estados Unidos se propone adoptarla para que no se produzcan las divisivas decisiones 5-4 y, lo que es todavía más nocivo, cómo se quieren crear presidencias rotatorias que fomentarán el pernicioso proselitismo en las Altas Cortes. Por otro lado, paradójicamente, se quiere impedir el acceso a las Altas Cortes de quienes hayan tenido previa militancia política.

Si ese despropósito fuese actual norma constitucional, ni el inmenso jurista y político Robert Badinter hubiese presidido el Consejo Constitucional francés ni tampoco el gran hombre de Estado que es Milton Ray Guevara fuese hoy presidente de nuestro Tribunal Constitucional.

Después de la constituyente popular, lo más peligroso es esta reforma constitucional. Felizmente, quienes gritaban clamaban desaforados que “esta no es mi constitución” y reclamaban una “asamblea constituyente” hoy están sumisa, oportunista y descaradamente callados.