Santo Domingo.- Los periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez presentaron distintas querellas penales por difamación e injuria en medios digitales contra los comunicadores Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández.
En las querellas presentadas ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, algunas de manera individual y otras colectivas, los querellantes atribuyen la difusión reiterada de señalamientos difamatorios e injuriosos.
Las acciones judiciales han sido interpuesta con base a la violación a los límites que los derechos al buen nombre, y al honor fijan a la libertad de prensa y de expresión, de conformidad con la Constitución dominicana y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Los querellantes aseguran que estas acciones no buscan limitar el debate público ni restringir la crítica, sino proteger a la ciudadanía frente al uso abusivo de plataformas comunicacionales para difamar, injuriar y desinformar sin fundamento, afectando el honor y la dignidad de personas que ejercen funciones públicas.
“Las expresiones de Arrendel, de la Cruz, Casals y Jiménez han traspasado los límites del ejercicio legítimo de la libertad de expresión para convertirse en ataques personales con consecuencias reputacionales graves”, afirmaron los abogados en una declaración de prensa.
El documento conjunto dirigido a los medios argumenta que, aunque cada querella responde a circunstancias particulares, todas coinciden en un mismo propósito: sanear el espacio público, promover un debate respetuoso y aportar a una cultura democrática donde las diferencias se aborden con argumentos y pruebas, no con agravios.
Los firmantes reiteraron su compromiso con el Estado de derecho y el uso correcto de los mecanismos institucionales para dirimir conflictos. «No puede confundirse la libertad con la impunidad», expresaron.
El pronunciamiento concluye con un llamado a la convivencia democrática, al respeto mutuo y al uso responsable de las libertades públicas como herramientas de construcción colectiva, no de destrucción personal.
