SANTO DOMINGO.- El exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz figura como principal vinculado al caso que investiga la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sobre un desfalco contra el Estado dominicano que supera los 17,000 millones de pesos en operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas.
Guerrero Ortiz es un economista y hombre de negocios que se desempeñó como ministro de Hacienda en la segunda administración de Danilo Medina, del año 2016 a 2020.
En la investigación también figuran los exfuncionarios Simón Lizardo, Emilio César Rivas Rodríguez, Claudio Silver Peña, Luis Miguel Piccirillo Mccabe, Domingo Enrique Martínez Reyes, Luis Baldemiro Reyes Santos, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Princea Alexandra García Medina, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, entre otros.
El documento del Pepca indica que el modus operandi consistía en que, bajo las instrucciones del ministro de Hacienda, para ese entonces, Donald Guerrero Ortiz, se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales, de los cual hemos (el Pepca) determinó que lograron sustraer RD$ 17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas.
Se trata de un mecanismo detectado de manera accidental en 2021 para cobrar miles de millones de pesos al Estado por expropiaciones que datan de hasta 50 años y que eran cobrados a precios actuales y que los investigadores estiman que la mayoría de los fondos quedaban en manos de personas vinculadas con el Ministerio de Hacienda de la gestión anterior.
Los propietarios originales recibían “migajas”, mientras que el Ministerio Público estima que los miembros de la estructura se quedaban con la mayor parte de los recursos.
Además, el Pepca indica que se determinaron otras operaciones como la simulación de compras y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa, cuyo elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes, es el relacionado a contratos de cesiones de crédito por más de RD$10,500 millones a personas de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta, disolviéndolas inmediatamente obtuvieron su objetivo, constituyendo el tipo penal de desfalco.
Se trata de un mecanismo detectado de manera accidental en 2021 para cobrar miles de millones de pesos al Estado por expropiaciones que datan de hasta 50 años y que eran cobrados a precios actuales y que los investigadores estiman que la mayoría de los fondos quedaban en manos de personas vinculadas con el Ministerio de Hacienda de la gestión anterior.
Hasta ahora
El Ministerio Público ha identificado pagos por unos 17 mil millones de pesos a través de este mecanismo y logrado la colaboración de algunos de los investigados.
La investigación en curso fue develada públicamente por un recurso Contencioso en contra del Informe especial de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República de fecha 23 de septiembre del 2021 sobre el pago de expropiaciones.
En un informe interno, esa entidad se pronunció en contra de dos reclamos de pagos obtenidos por aparentes clientes de Lockward por expropiaciones que datan de 46 años y que totalizan 7,000 millones de dólares.
En su argumentación, el abogado y político revela que dicho acto administrativo detuvo el pago de 800 millones de pesos que estaban contenidos en el Presupuesto de 2021 para el pago de una expropiación correspondiente a una sucesión de la familia Jorge-Mota y que también provocó la detención del pago de 6,200 millones de pesos para el pago de la expropiación correspondiente a la sucesión de Bernardino Mercedes.
Esas dos sucesiones han estado representadas por Ángel Lockward, quien logró que en los tribunales se dispusiera el pago y que posteriormente fueran incluidos en el Presupuesto.
El acto administrativo de la Contraloría General de la República fue remitido a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que lo ha usado como punto de partida para varias diligencias investigativas.
Ante el requerimiento de nulidad por parte de Lockward, la Contraloría ha alegado que el acto en cuestión se trata de un trámite interno del cual no ha sido apoderada ninguna instancia judicial hasta el momento y que por tanto no procede pedir su nulidad aunque el Ministerio Público lo esté utilizando como parte de sus investigaciones.
Efectivamente, el Ministerio Público no ha procesado acusación ni sometimiento porque todavía está en la fase de investigación y recopilación de las pruebas para sustentar sus alegatos de ilícito.
Jueza autoriza investigación
Ayer la jueza de coordinadora de los juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó la entrega de informaciones financieras por parte de la Superintendencia de de Banco y otros organismos fiscalizadores de los investigados por el desfalco al Estado por más de 17 mil millones de pesos.
Lockward: Resolución para investigación se basa en informe falso
El abogado Ángel Lockward aseguró que la Resolución No. 17-02-2022 de la Jueza Kenya Romero que ha circulado desde ayer en los medios de comunicación se basa en un “Informe de Auditoria” que ha sido declarado falso por el Contralor.
Segun Lockward, el Contralor ha dicho por escrito al tribunal que no había visto, ni firmado, ni tramitado dicho informe.
