A MODO DE CONCLUSIÓN
La creación del Tribunal Constitucional fue un desafío para el constituyente de 2010, entre los cuales tengo el honor de contarme, que aun investido de legitimidad democrática de origen, pues los legisladores son escogidos por el voto popular, diseñó un órgano extra poder que sería independiente de los poderes públicos, al cual correspondería velar porque los actos y actuaciones de los órganos y autoridades que detentan poder se ejercieran dentro de los límites que impone el propio texto fundamental, y de manera particular, respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Este desafío no se agotó con la proclamación del texto constitucional, pues correspondió al primer Pleno del Tribunal Constitucional no solo enfrentar las implicaciones propias de la puesta en funcionamiento de la jurisdicción constitucional que recién iniciaba sus labores, sino que también recayó en él la misión de instaurar los primeros peldaños para la construcción de una cultura constitucional. Para esto fue necesario realizar jornadas educativas tendentes a promover el conocimiento de la Constitución, foros académicos y la presentación del tribunal en todo el territorio nacional, así como congresos y conferencias internacionales para la comunidad jurídica.
Este diálogo permanente sobre los déficits y avances en materia constitucional, conjuntamente con los intercambios con los jueces de otras jurisdicciones constitucionales fue determinante para que el Tribunal diera un impulso relevante al estudio del derecho constitucional, como también lo fue para el fortalecimiento de una tradición constitucional centrada en el reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales de las personas, y el empoderamiento de estas respecto de las garantías que ofrece la Constitución, sin dejar de reconocer que aún estemos lejos del nivel institucional y democrático al que aspira el pueblo dominicano; un Estado Social y Democrático de Derecho cuyo eje central sea el ciudadano, en el que en realidad todos seamos iguales ante la ley y el poder.
En lo que respecta al ámbito jurisdiccional, era de esperarse que la dinámica inicial trajera consigo importantes desafíos, como es natural, en los órganos colegiados, máxime cuando sus decisiones exigían el voto favorable de una mayoría calificada (nueve de trece votos), lo que obligó a procurar lograr el consenso necesario; y también, que en determinados casos, los jueces debieran ceder en sus posiciones, en aras de responder a los usuarios del sistema, que aguardan por el fallo del conflicto sometido.
Esta circunstancia de ser primigenios necesitó de mucho compromiso institucional y sentido democrático, y conllevó asumir importantes responsabilidades como, por ejemplo, que aún el artículo 186 de la Constitución establece el voto disidente como facultativo, a propuesta del entonces presidente, Dr. Milton Ray Guevara. El Pleno lo asumió como un derecho y un deber del juez que discrepa, lo que conllevaba una mayor responsabilidad de cada juez en el ejercicio de sus funciones, y constituyó un gran aporte a la transparencia y legitimidad del Tribunal frente a la sociedad.
En nuestra opinión, la labor del Pleno fundador tuvo aciertos y errores propios del noviciado. Lo cierto es que cumplió con su rol y con la responsabilidad que le fue encomendada; trazó el camino para la autosuperación, tal y como es el propósito de la renovación por tercios establecida en el artículo 187 de la Constitución. Su primera renovación tuvo lugar en 2018, con la sustitución de cuatro jueces que, por excepción, al ser nombrados por seis años7 podían optar por un nuevo período de nueve años y todos optaron por dar paso al relevo. En el 2021, siguió la segunda renovación de los cuatro jueces nombrados por nueve años; y en diciembre de 2023, culminó con la sustitución de los magistrados que habían sido designados por 12 años, entre ellos su dirección: presidente, primer y segundo sustituto de presidente.
En la actualidad, el Pleno del Tribunal Constitucional es una combinación de experiencia y novedad, que se repetirá cada cierto tiempo, impregnándole vitalidad y dinamismo al Tribunal en cada nueva composición, que tendrá el mismo desafío: la difícil tarea de controlar al controlador. Es decir, autorregularse en sus propios límites, pues en el Estado Social y Democrático de Derecho no se deja espacio a los poderes ilimitados. Todas las competencias están controladas por la ley o la Constitución. Sus decisiones son el escudo protector del ciudadano contra el abuso y la arbitrariedad; es el guardián y garante de la supremacía constitucional.
El diseño de la renovación por tercios obedece a que se busque la institucionalidad del órgano por encima de las condiciones subjetivas de sus miembros. Es una garantía a su fortalecimiento orgánico, pues con cada renovación se preserva una reserva de jueces como base de su jurisprudencia, la cual puede variar en la renovación, si se motiva con razonamientos justificativos.
Hoy, el Tribunal es un órgano vigoroso, vibrante, en franco proceso de madurez. Cuenta con la experiencia acumulada de sus antecesores y la impronta y modernidad de sus nuevos integrantes. A la fecha, el Pleno de magistrados es presidido por el honorable magistrado Napoleón Estévez Lavandier; el magistrado Miguel Valera Montero, primer sustituto del presidente, y la magistrada Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta del presidente; lo acompañan los magistrados José Alejandro Ayuso, Fidias Federico Aristy Payano, Alba Luisa Beard Marcos, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Sonia Díaz Inoa, Army Ferreira, Domingo Gil, Amaury A. Reyes Torres, María del Carmen Santana de Cabrera y José Alejandro Vargas Guerrero.
Finalizo este artículo con un testimonio personal de humildad y gratitud por el alto honor de haber ejercido como jueza constitucional electa con la confianza del voto unánime del Consejo Nacional de la Magistratura. Reafirmo ante ustedes que el sueño acariciado desde mi butaca en la Universidad Autónoma de Santo Domingo se ha cumplido. El Tribunal Constitucional es una realidad, una conquista del pueblo dominicano: un patrimonio nacional viviente.
