Es lo que incontable número de personas, empresas y comercios, reclaman a diario ante un gobierno cargado de muchos problemas y donde el más importante es la lucha contra una pandemia que ha puesto de rodillas al mundo entero.

Miles de expedientes circulan en las instituciones del gobierno relacionados a esas deudas. Contratistas de obras abundan por doquier y de los negocios que les venden a entidades públicas, ni hablar.

¿A cuánto asciende esa deuda? Quien sabe. Y el que diga que lo sabe es un mentiroso. Y le explico por qué.

Hay obras que se contrataron sin cumplir los requerimientos mínimos que establece la ley. O sea, no están registradas en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), ni documentadas debidamente. En otras palabras, no existen, aunque se desembolsó dinero y se robó una buena parte.

Lo mismo ocurre con las compras de bienes y servicios, donde hay deudas hasta por la compra de rosas y claveles en el día de los enamorados. ¿Quién va a pagar una deuda de esa naturaleza?

Pero hay muchísimas deudas en el aire. Por ejemplo, hay deudas pendientes que fueron certificadas o tienen la autorización de pago desde hace años. Otras, nadie se atreve a ponerle la mano porque tienen un virus más contagioso que el Ébola. Y no faltan las que se tienen con contratistas de obras en ejecución, pero paralizadas hace varios años por falta de pago.

A pesar de todo eso, esas deudas están ahí y en algún momento hay que prestarle atención.

En ese sentido, el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, debe conformar un equipo de trabajo con profesionales de reconocida seriedad para que evalúe en cada institución del gobierno central todas esas deudas, las depure y determine su verdadero monto.

Ese proceso de revisión puede implicar la eliminación y reducción de deudas por sobrecostos, por falta de soportes que la justifiquen, por los largos años paralizadas (15 y 20 años), por obras de infraestructura que jamás fueron registradas en el sistema gubernamental, por la recuperación del dinero entregados a contratistas que lo usaron para otros fines y deudas ficticias, especialmente en compras de bienes y servicios que jamás fueron recibidas. Hay de todo y mucho más.

Y definir de una vez por todas, que se hará con los proyectos en ejecución que están a medio camino. Pueden tener varios años en esa situación y valdría la pena determinar si es factible continuarlos o el monto que se requiere para la terminación.

Después viene la supervisión, donde también hay muchas deudas pendientes y que siempre dejan en la cola, aunque la supervisión sea tan o mas importante que la obra en si misma.

Una vez se complete esta fase, donde se transparenten todas las deudas y se eliminen las impurezas, elaborar un plan de pago para las deudas debajo de cierto monto y pagar con bonos aquellas más grandes o por lo menos certificarlas para que queden registradas.

Esas certificaciones podrían utilizarse como medio de apalancar recursos a través de entidades financieras. Son papeles, pero al estar certificadas por el gobierno, son fiables como garantía y pueden mover recursos para invertir.

Es lo menos que se puede hacer para corregir este latrocinio cometido por los gobiernos del PLD con el dinero público.