La caótica situación de la circulación vehicular en las principales ciudades de la República Dominicana es, sin ninguna duda, uno de los problemas que más gravitan sobre la vida de todos los ciudadanos, por lo cual, solucionarlo de manera radical se presenta como uno de los grandes desafíos que deben afrontar las autoridades.

Hay varias vertientes del problema cuyo aporte al desorden tienen un enorme peso: la incontrolada cantidad de motocicletas y la falta de sentido común de quienes dirigen la circulación vehicular, son algunas.

El primero de estos aportes tiene una solución bastante compleja, pues se lo dejó crecer como plaga, al punto que ni las propias autoridades encargadas de su regulación tienen hoy una respuesta firme y concreta.

Las entidades estatales que debieron prever el impacto que tendría el desbordamiento, son Aduanas e Impuestos Internos. Una, controlando lo relacionado con el ingreso al país de esos artefactos, y la otra, obligando a quienes utilizan este medio de transporte a estar dentro de la ley.

En consecuencia, el aporte de las motocicletas al desencaje de la civilización, y en algo más grave aún, en el incremento del flagelo de muertes por siniestros viales, ha sido fruto de un inexplicable "laissez faire, laissez passer" que fue sembrando sus reales hasta llegar al punto en que nos encontramos.

El otro renglón generador del desorden lo tenemos en la falta de sentido común de la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte (Digesett), encargada de “dirigir” la circulación de vehículos en las grandes ciudades, pero que, de hecho, es parte esencial del desorden.

Nadie entiende con cuál orden de prelación los agentes de la Digesett sustituyen un semáforo operativo y abren una vía durante interminables minutos, mientras las demás están paralizadas, con toda la afectación que esto conlleva, no solo en términos económicos medidos en tiempo perdido y combustibles, sino en el deterioro de la salud de las personas a través del estrés.

Por consiguiente, el pacto por la seguridad vial anunciado por el presidente Luis Abinader, más las 103 medidas conexas para fortalecer esa iniciativa, no tendrían una viabilidad práctica si no tienen en cuenta, de manera fundamental, estas cuestiones que parecerían hasta elementales.

Podemos afirmar que si el presidente resuelve este embrollo, tendrá garantizado uno de los lugares de oro en nuestra historia, cuando en el futuro se analice.

Pero no habría que esperar el juicio de la historia, pues los ciudadanos de este tiempo le valoraremos en su justa dimensión.

Nelsonencar10@gmail.com