Santo Domingo.- De 1,310 personas reportadas desaparecidas en 2025 en República Dominicana, la mayor cantidad desde 2022, al menos 232 permanecen ilocalizables, incluido el caso de los niños Roldany Calderón y Briana Genao Rosario, según reportan organizaciones sociales que trabajan con los derechos humanos.
Solo entre enero y octubre de ese año se produjeron 1,054 reportes oficiales.
Las estadísticas de la Dirección Central de Investigación de la Policía Nacional indican que durante los últimos ocho años han sido reportadas como desaparecidas 4,171 personas, de las cuales 241 continuarían sin ser localizadas.
El planteamiento forma parte de un comunicado emitido con motivo del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, que se conmemora este domingo 30 de agosto, en el cual los firmantes vinculan la deuda histórica por desapariciones ocurridas durante períodos de represión política con los cientos de casos que actualmente se registran en el país.
Adolescentes entre los más afectados
Uno de los datos que genera mayor preocupación es la incidencia entre adolescentes. Las personas entre 12 y 17 años representan el 34.5 % de los reportes, mientras Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago aparecen como las demarcaciones con mayor incidencia.
Los firmantes sostienen que detrás de muchas desapariciones existen factores asociados con vulnerabilidad social, trata de personas, violencia, discriminación y debilidades institucionales.
“La desaparición no terminó, cambió de rostro”, advierten.
Respuesta permanente
Las organizaciones consideran que el fenómeno requiere una respuesta permanente y señalan que el país no puede normalizar una realidad en la que cerca de tres personas son reportadas como desaparecidas cada día.
Reclaman registro nacional
Entre las principales demandas está la creación de un Registro Nacional Único de Personas Desaparecidas, público y con información desagregada, que permita conocer con precisión la dimensión del problema y unificar las estadísticas oficiales.
Reclaman investigaciones
También reclaman investigaciones con la debida diligencia desde el momento de recibirse una denuncia, la aplicación del Protocolo de Búsqueda Inmediata durante las primeras 24 horas y mayores recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios para las unidades encargadas de localizar personas.
Los firmantes plantean además la aprobación urgente de una Ley Integral de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
La propuesta contempla acompañamiento psicológico, jurídico y económico para las familias, evitar su revictimización y desarrollar políticas para enfrentar factores relacionados con algunas desapariciones, como pobreza, deserción escolar, violencia y trata de personas.
