SANTO DOMINGO.- La empresa GoldQuest Dominicana anunció el retiro de sus equipos instalados en la zona donde desarrolla actividades mineras vinculadas al estudio de impacto ambiental del Proyecto Romero, en la provincia San Juan, en la que asegura hay más de tres millones de onzas de oro y plata.
La minera, a través de un comunicado, explicó que la decisión fue tomada “con responsabilidad y prudencia”, priorizando “la tranquilidad de las comunidades, la seguridad de las personas y el respeto al territorio» de esa demarcación.
Sostuvo que los equipos estaban siendo utilizados en labores relacionadas con estudios técnicos y ambientales dentro del proyecto minero. Además, que la medida busca evitar situaciones de tensión o confrontación que puedan afectar tanto a la población como a sus trabajadores.
“Esta decisión ha sido tomada con responsabilidad y prudencia, con el propósito de evitar situaciones de tensión o confrontación que puedan afectar a la población, a nuestros trabajadores o a terceros”, expresó la compañía.
GoldQuest también reafirmó su disposición al diálogo con las comunidades y las autoridades, asegurando que continuará actuando “con serenidad, responsabilidad y respeto frente a la situación actual”.
Más allá de equipos: protestas
El retiro de los equipos ocurre en medio de un ambiente de creciente oposición social y comunitaria contra el Proyecto Romero, donde en los últimos días se han registrado protestas y movilizaciones masivas de grupos ambientalistas, comunitarios y religiosos que rechazan la explotación minera en la zona.
Las manifestaciones se intensificaron luego de denuncias sobre la presencia de equipos y trabajos técnicos vinculados al proyecto, provocando tensión entre comunitarios y representantes de la empresa minera.
En respuesta a la situación, el presidente Luis Abinader anunció la paralización de todas las actividades relacionadas con el Proyecto Romero.
La decisión del mandatario generó reacciones encontradas dentro del sector empresarial dominicano. Diversos representantes empresariales cuestionaron la suspensión del proyecto, argumentando que la medida envía señales de inseguridad jurídica para la inversión y afecta la confianza en el clima de negocios del país.
Uno de los pronunciamientos más críticos fue el del vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, quien expresó públicamente su desacuerdo con la decisión presidencial, afirmando que el país necesita reglas claras y estabilidad para garantizar las inversiones y el desarrollo economico.
