Una de las prédicas más socorridas que hemos escuchado durante décadas se refiere a que el Estado es mal administrador, por lo cual no debería gerenciar ningún tipo de actividad que pueda ser manejada por el sector privado.
En algún momento esta cháchara tuvo éxito, y negocios que dependían del Estado fueron pasados a la gestión de gerentes provenientes del sector privado, con la ilusión de que llevarían la eficacia y la eficiencia a los entes puestos bajo su control.
Recordamos cómo el presidente Antonio Guzmán (1978-1982) designó gerentes privados en casi todas las unidades de la entonces poderosa Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), quienes fracasaron de manera estrepitosa, pues no es lo mismo dirigir una empresa particular que estar al frente a una pública.
Sin embargo, a pesar de aquella experiencia negativa, no han cesado quienes insisten en que el Estado debe encargarse solo de aquello que concierne a las labores propias, como la seguridad, servicios públicos esenciales de salud hospitalaria, arreglo de calles, energía eléctrica básica, etc.
Han entendido—y siguen con el mismo criterio—que negocios como el Banco de Reservas, la Refinería Dominicana de Petróleo, Punta Catalina, el Seguro Nacional de Salud, entre otros, deberían de estar en manos del sector privado para manejarlos “con mayor eficiencia”.
Pura cháchara que nace de la codicia de quienes entienden que el hueso pertenece al Estado—a todos los dominicanos—y la masa debe estar en el plato del puñado que se ampara en los privilegios, no quiere subsidios para los pobres—eso es clientelismo aberrante—, pero sí para ellos que los reciben gustosos, evaden impuestos y pagan salarios paupérrimos.
El caso más lamentable de ese predicamento codicioso lo tenemos en el seguro Senasa, sobre el cual, desde su nacimiento junto con todas las demás ARS, se ha pretendido que no compita con las administradoras privadas captando clientes para el complementario, sino que se encargue de suplir asistencia a los pobres diablos mediante el subsidiado.
De nuevo la ley del embudo, donde la parte ancha pertenece a los menos, mientras el grueso de la población debe conformarse con la parte más angosta.
Los problemas que indudablemente atraviesa Senasa surgen de la obligación irrenunciable del Estado de proveer salud a la población, que es su real ganancia.
En tal sentido, y ante lo contundente que resulta la realidad de que varios millones de dominicanos reciben asistencia médica gracias a contar con el seguro de Senasa, lo que se impone es aparcar los intereses legítimos en la actividad política, y luchar para que la entidad salga a flote y esos ciudadanos sigan recibiendo esa asistencia.
