Santo Domingo.- El popular merenguero dominicano Sergio Vargas dijo sentirse preocupado por la situación actual de República Dominicana, asegurando que la nación atraviesa por un grave colapso a nivel político y moral.
"Vivimos en un país lamentablemente plagado de hipocresía y de personas malintencionadas que, escudándose detrás de un teclado en las redes sociales, destruyen reputaciones sin medir el daño que causan a nuestras familias e hijos", manifestó el intérprete de "Dime".
Estas declaraciones surgen a raíz de que Vargas fuera víctima de una difamación e injuria por parte de un comunicador, de quien dijo que lo acusó falsamente de haber consumido sustancias prohibidas durante la década de los noventa.
Ante la gravedad de los señalamientos, “El Negrito de Villa”, como es conocido popularmente, anunció de manera formal que iniciará acciones legales en contra de Jhossan Capellán, con el propósito de que sean los tribunales nacionales los encargados de dirimir las acciones que, asegura, atentan contra su honor y el de su familia.
"Voy directo a la justicia para demandar a Capellán; se atrevió a difamarme diciendo que consumíamos drogas juntos. Él fue alcalde de El Seibo y antes era una persona ecuánime, pero lamentablemente su conducta (en forma de broma) se desvió tras juntarse con 'El Pachá'", puntualizó durante una entrevista con el comunicador Joan Abreu.
Vargas defendió con orgullo su trayectoria, tanto en el ámbito público como en el privado, recordando que, incluso en la época dorada del merengue, prefirió renunciar a algunas agrupaciones musicales porque algunos de sus compañeros abusaban del uso de drogas.
Se recuerda que Jhossan Capellán ha estado envuelto en otras controversias públicas. En abril pasado, agredió físicamente con una bofetada a José Luis Custodio Peña, padre de una de las víctimas de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, en medio de una audiencia judicial.
Aquel incidente ocurrió cuando el señor Custodio increpó al comunicador, quien en ese momento se encontraba asumiendo una férrea defensa pública a favor de los propietarios del clausurado centro de diversión: Antonio y Maribel Espaillat.
A consecuencia de dicha agresión, el pasado 25 de mayo el magistrado Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó contra Capellán una medida de coerción consistente en una garantía económica de RD$ 300,000 y presentación periódica.
