Cuando en el año 1932, el arquitecto de la Cosa Nostra, Lucky Luciano, se convirtió en el Jefe de la Mafia, le adicionó a su gabinete criminal un cargo para el manejo de las relaciones con las esferas políticas, judiciales y policiales, en el cual designó al capo Frank Costello, calificado por Eric Frattini, en su libro Mafia, S.A., como el más grande corruptor de políticos.

El referido año se celebró la Convención Nacional del Partido Demócrata en Chicago, en la que resultó elegido Franklin D. Roosevelt.

En ocasión del evento, relata Frattini que Frank Costello, a quien todo el mundo de los bajos fondos comenzaba a conocer como el primer ministro, se hospedó en el Hotel Drake, lo que le facilitó darle la mano a quien después se convertiría en Presidente de los Estados Unidos.

La convención puso en evidencia la situación de corrupcción que se vivía en algunos partidos estadounidenses, a tal extremo que, después de comprar una gran cantidad de candidatos, el Capo di tutti Capi, Lucky Luciano, le dijo a Costello que, en lugar de acercarse a candidatos ya nominados, el sindicato nombraría a sus propios candidatos.

No se puede negar que más allá de nuestra región y tiempo, en este y el otro lado del Atlántico, los narcotraficantes han sido parte del financiamiento ilegal de la política, en la cual han encontrado cómplices, pero también a políticos honrados y valientes que los han enfrentado hasta a costa de sus propias vidas.

Ayer y hoy, el crimen organizado invierte su ilegal dinero en la política en busca de poder, para realizar sus actividades delitivas con la mayor libertad, mientras que, por su parte, los políticos corruptos que reciben, conscientemente, el aporte de los narcotraficantes, lo hacen con el interés de disponer de suficiente dinero para vencer a sus adversarios.

Por otro lado, cuando un ciudadano se afilia a un partido político, sin importar la actividad a la que esté dedicado, salvo que se encuentre cumpliendo una condena, tiene derecho a ser postulado a un cargo de elección popular.

Todo el que haya sido seleccionado como candidato de un partido no puede ser sustituida a través de ningún mecanismo interno, salvo que renuncie formalmente a la candidatura, se le compruebe una violación grave a la Constitución o a la Ley 33-18 o haya sido condenada penalmente, mediante una sentencia irrevocable, para lo cual el partido deberá obtener la autorización de la Junta Central Electoral.

Por lo tanto, prevenir y evitar la infiltración de narcotraficantes en la política debe ser un compromiso sagrado del liderazgo político.
Resulta penoso que en las últimas décadas, a lo interno de los partidos políticos, ha prevalecido, por encima de todo, el criterio de que solo los ricos pueden aspirar a un cargo de elección popular, lo que le abre la puerta al narcotráfico, en perjuicio de los miembros meritorios de los partidarios.

Las competencias internas de los partidos son cada vez más inequitativas, lo mismo que las elecciones nacionales, debido a su elevado costo, por lo que la Junta Central Electoral y los partidos deben contribuir con la reducción de los gastos de campaña y el fortalecimiento de los mecanismos de control del financiamiento privado.