SANTO DOMINGO.- La dominicana Ana Julia Quezada, condenada a cadena perpetua por el asesinato del niño Gabriel Cruz en febrero de 2018, ha metido en problemas a un funcionario de la prisión de Brieva (Ávila) que esta siendo investigado por haberle facilitado un telefono movil a cambio de su arepa.

El funcionario está investigado por un delito de cohecho mientras que el Juzgado sigue practicando diligencias para determinar si existen más implicados en los hechos denunciados, según ha informado el TSJCyL.

De hecho, el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, ha explicado que son dos los trabajadores del centro penitenciario que investigan la Guardia Civil al haber proporcionado supuestamente un «trato de favor» a la dominicana, «a cambio de recibir favores sexuales».

Galeano ha informado en un audio que los investigados por la Guardia Civil son un funcionario de esta prisión de mujeres y un empleado como personal laboral. Ninguno trabaja ya en la cárcel.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron a un cocinero, que se jubiló, y que el funcionario ha solicitado la jubilación anticipada sin que le haya sido concedida.

Las mismas fuentes han señalado que Ana Julia Quezada habría prestado declaración ante el juez la semana pasada.

Su declaración se produjo a raíz de la investigación iniciada hace casi un año, a raíz de que la madre de Gabriel, Patricia Ramírez, denunciara públicamente que la asesina de su hijo disponía de un teléfono que utilizaba para realizar entrevistas con el objetivo de realizar un documental en torno al asesinato su hijo hace siete años en el municipio almeriense de Níjar.

Por el momento, el juzgado solo investiga a uno de estos dos hombres.